Privatización de Documentos Públicos
El pasado 5 de enero recibí una notificación en mi perfil de Facebook sobre el cambio de nombre de una Fan Page que vengo siguiendo desde hace justamente cuatro años. Como muchas cosas que salen en mi perfil de esa red social, no le presté atención.
Justo ahora que en el sur occidente del país se llevan a cabo carnavales de blancos y negros, me dio por buscar el perfil de la “Alcaldía de Rosas, Cauca”, pueblo del que mi familia es originaria y en el que crecí, pues allá se lleva a cabo anualmente esa fiesta a la cual quería asistir.
Mi sorpresa fue mayor cuando realicé la búsqueda para saber la programación de los carnavales y no encontré el perfil de la Alcaldía, al tiempo que constaté que el alcalde saliente le había cambiado de nombre y lo había vuelto propiedad suya durante los primeros días de este año, razón por la cual me llegó la notificación que en ese momento ignoré.
En ese instante mi anhelo de carnaval cambió por uno quizás menos frívolo: buscar normas que me permitieran saber si lo que realizó el nuevo exalcalde con la Fan Page estaba por fuera del marco normativo. La sorpresa no paró.
Acudí al portal de Gobierno en Línea, manuales de administración de redes sociales, búsquedas especializadas en Internet, entrevistas con Community Managers de amplia trayectoria en entidades de renombre y no puede encontrar algo que me permitiera determinar si adueñarse de un perfil institucional constituye un hecho, cuando menos, objeto de sanción por alguna entidad de control y vigilancia.
Esta situación no es un tema menor, pues lo que se publica en las redes sociales institucionales es el reflejo, en muchos casos, del cumplimiento de las funciones de una entidad, llegando incluso a adquirir valor legal y, por supuesto, estas publicaciones deberían ser objeto de control a través del Programa de Gestión Documental – PGD de la entidad.
Pero entonces, ¿por qué si muchas de las publicaciones se constituyen en documentos reflejando las funciones de una entidad –lo cual los convierte en documentos de archivo–, no se ha reglamentado el uso y la administración de esta forma de transmisión de información en las entidades públicas?
El tema no es nuevo y no pasa solo en mi pueblo. Me cuentan que en Arauca la saliente administración se apropió de la cuenta de Facebook, cuenta que había sido creada en administraciones anteriores. Y es que seguramente el tema se repite a lo largo y ancho del territorio nacional sin que se haga algo por preservar esta información.
Pedro Vaca, director de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en entrevista con El Espectador (2016), en alusión a las publicaciones en redes sociales institucionales, manifestó que “esa información tiene tres características importantes: se produce con dinero público, es de interés general y tiene la confianza de la audiencia. Por estas razones es considerada documento público y debe ser protegida como tal.”
Y es que, entre otras normas, se violan de manera directa las Leyes 594 de 2000 y 1712 de 2014. Esta última por el hecho de que no se honra el principio de facilitación de información, en tanto esta se debe entregar cuando sea solicitada, además de publicar la información de interés público contenida en documentos de manera proactiva. En síntesis, un perfil que cambie de dueño (por llamar la situación de alguna manera), hará que los ciudadanos ya no puedan acceder fácilmente a la información o, simplemente, ya no podrán acceder definitivamente a ella.
Es apremiante que el Archivo General de la Nación – AGN y el Ministerio TIC acudan en auxilio urgente del patrimonio documental contenido en las redes sociales, pues los políticos, a partir del vacío normativo, “engordan” desde las entidades los perfiles institucionales y luego, cuando terminan su mandato, se apoderan de los miles de seguidores de esos perfiles para posteriormente volverlos posibles votos en próximas elecciones, socavando el patrimonio documental, pues lo que menos les importa es la suerte de los cientos y miles de documentos publicados, solo quieren poder llegar con propaganda política a los seguidores obtenidos con recursos públicos. Buen negocio.
CARLOS ANDRÉS PINO CASTAÑO
Presidente (E) SCA
T.P. No. 685
