Bienvenido

Bienvenido amigo y colega de la Sociedad Colombiana de Archivistas. Estando acá, te invitamos a que nos conozcas más y que hagas parte del gremio que día a día visibiliza y defiende el quehacer archivístico. La SCA somos todos.

Ponte en contacto con nosotros

Email: contacto@scarchivistas.co
Estamos en todo el país

Dónde estamos

Corrupción

La corrupción se nos está robando hasta la memoria.

Iniciaba enero del año 2000 y un juez especializado de Bogotá tuvo que dejar en libertad a 14 personas que mediante acción de tutela habían solicitado su libertad por vencimiento de términos, en tanto estaban detenidos desde agosto de 1996 sin que hubieran sido juzgados, dando así al traste con una de los más grandes operativos de la época, desmantelando una banda con tentáculos en Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina Brasil, Venezuela, Panamá, Costa Rica, Puerto Rico, México, Estados, Unidos, Canadá, España, Grecia, Holanda, Bulgaria, Polonia, Rusia, Croacia, China y que, incluso, según se pudo determinar, logró “entrar a los archivos de la DEA y CIA (…) desconociendo con qué propósito”, según lo registró en el diario El Tiempo en esa época. El vencimiento de términos se dio como consecuencia del extravío “43 cuadernos que conformaban el proceso contra los 14 implicados”.

Un poco más de seis meses después del hecho antes mencionado –más exactamente el 14 de julio de 2000–, se sancionaría la Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivos).

Pero el caso con que he iniciado mi escrito no paró ahí, y no es el único ni el más sonado. Veamos:

En enero del año 2014 el juez primero de ejecución de penas de Santa Marta, Napoleón Barraza, era enviado a la cárcel sindicado de los delitos de prevaricato por acción y omisión, falsedad en documento público, destrucción u ocultamiento de documento público; lo anterior como consecuencia de la pérdida de un expediente en el caso de un desfalco en el Instituto de Seguros Sociales (ISS) de Ciénaga, Magdalena, en el año 2012, cuya cifra se estimó en 12 mil millones de pesos.

Los documentos periciales que comprobarían que el general retirado Flavio Buitrago y su esposa nunca se enriquecieron ilícitamente con dineros del narcotráfico se extraviaron estando bajo responsabilidad de la Fiscalía. Este hecho fue denunciado en enero del 2016, justo en la etapa final del proceso judicial.

La elección del rector de la Universidad del Atlántico estuvo marcada por escándalos y terminó con la desaparición del cuaderno principal del expediente en marzo del año pasado.

A finales de ese mismo año se conoció de la investigación disciplinaria que se le adelanta al alcalde local de Kennedy, en Bogotá, por la desaparición de los archivos que corresponden a la cuestionada obra de la Clínica Medical Proinfo que, según se estableció, fue sellada por no contar con la documentación para iniciar con su construcción.

En Buenaventura, luego de 20 días de protestas, en julio de este año se registró el extravío de 48 expedientes que contiene la investigación por malos manejos de dinero en una cifra cercana a los 37 mil millones de pesos de programas de cobertura educativa e infraestructura vial.

El pasado 25 de julio se conoció la pérdida de expedientes del juzgado 16 del circuito de Barranquilla de un proceso que se adelanta en contra de la fundación Acosta Bendek que dirige los destinos de la Universidad Metropolitana y que contemplaría el posible detrimento patrimonial por 25 mil millones de pesos.

Los anteriores hechos de corrupción, que son solo una pequeña muestra, suman más de 100 mil millones de pesos y que terminarían en la impunidad si los documentos definitivamente no aparecen para que los procesos investigativos puedan continuar y culminen con los responsables pagando por sus malas actuaciones.

Pero la realidad es otra. De nada ha servido que Colombia tenga una de las políticas más avanzadas en materia de archivos en la región, si en la práctica la escasa organización de documentos propicia que constantemente se registren hechos como los que he relacionado, no siendo suficiente los 2,1 billones de pesos que invirtieron en gestión documental las gobernaciones, alcaldías y demás entidades públicas en el año 2014, según estimaciones del Archivo General de la Nación.

Han pasado 17 años desde que se sancionara la Ley General de Archivos y, con un escaso presupuesto cercano a los 30 mil millones de pesos anuales, el Archivo General de la Nación no ha realizado una sola investigación de la que se tenga noticia a las casi 11 mil entidades del Estado, así como tampoco se ha sancionado a quienes incumplan la Ley.

Y es que aunque el AGN tiene dentro de sus facultades la investigación y la sanción tal como lo contempla el Título VIII de la Ley 594 de 2000, el cual fue reglamentado mediante el Decreto 106 de 2015, no se ha realizado ninguna aún. Y menos se registra investigación alguna a las entidades y órganos de las Ramas Judicial y Legislativa, a pesar de que el Consejo de Estado mediante el Concepto 2209 de 2015 determinó las plenas facultades del AGN para “ordenar la suspensión inmediata de las prácticas que amenacen o vulneren la integridad de los archivos públicos y que se adopten las medidas preventivas y correctivas necesarias”, haciendo claridad en que las entidades y órganos que no pertenecen a la Rama Ejecutiva debe realizarse de tal manera que “no afecte el núcleo esencial de la autonomía” de las demás Ramas Poder del Estado. Es decir que el AGN puede ejercer funciones de inspección, vigilancia y control, pero no funciones sancionatorias a “entidades que estén por fuera de la Rama Ejecutiva”.

Está claro que todo el esfuerzo realizado por el expresidente Virgilio Barco Vargas, quien creyera en la necesidad de crear un archivo nacional mediante Ley de la República (Ley 80 de 1989), así como el esfuerzo del historiador Jorge Palacios Preciado que se empeñó en la creación de la Ley General de Archivos han servido para que las entidades le den el lugar que se merecen los archivos, los cuales permiten el adecuado funcionamiento de la sociedad y el Estado.

En Colombia la Ley General de Archivo tiene 17 años, mismos que se han tenido para crear y adoptar políticas efectivas de archivo en las entidades que permitan evitar hechos como los arriba relatados, pero hasta tanto no se sancione, se continuará registrando en los medios noticias sobre pérdida de documentos, siendo los corruptos y delincuentes los grandes beneficiados, en detrimento de la sociedad en general que se está quedando sin memoria documentada.

Siempre lo he dicho: no hay nada más peligroso para un corrupto que un archivo técnicamente organizado.

Escrito por:

Carlos Andrés Pino Castaño

Capic23@gmail.com

316 465 4493.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *